La presidenta del Govern, Francina Armengol, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han firmado este viernes el acuerdo que permitirá transferir las competencias de costas a la Comunidad Autónoma y que será efectivo a partir del 1 de julio de 2023. Se trata del traspaso competencial más importante desde la llegada a la gestión autonómica de la educación y la sanidad y, después de la reunión en el Consolat de Mar, Armengol ha explicado que «hoy hacemos posible una reivindicación histórica» y se resuelve «una anomalía, que era que un territorio insular no tuviera las competencias sobre su litoral y su costa» y que, por lo tanto «era una competencia fundamental desde el punto de vista político y de gestión».

La presidenta del Govern ha recordado que «se está negociando con los consells insulares la transferencia de litoral en rústico» y que el objetivo es «aprovechar estos meses para acompasar los dos traspasos» y que se puedan hacer de manera simultánea. Armengol también ha celebrado que este acuerdo llegue «cuando vamos a cumplir 40 años de nuestro Estatuto de Autonomía y nada culmina mejor el autogobierno de esas islas que la transferencia de competencias».

Por su parte, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir ha asegurado que el traspaso competencial «permitirá gestionar y decidir sobre una franja territorial estratégica de cara al presente y el futuro de Balears, a la vez que nos permitirá establecer una mejor y mayor coordinación entre las políticas ambientales y territoriales de la Comunidad Autónoma». El conseller ha definido estas competencias como estratégicas también en el sentido de que dan herramientas «a la hora de luchar contra el cambio climático e incrementar la resiliencia de nuestra franja costera, que es frágil y vulnerable».

Concesiones, sombrillas y servidumbre de paso

Así, a partir del verano que viene será la Comunidad Autónoma la responsable de gestionar, otorgar y vigilar las autorizaciones de usos de temporada del dominio público maritimoterrestre, las zonas de servidumbre de tráfico (es decir, los primeros seis metros desde la ribera de mar) o las concesiones demaniales que incorpora la Ley de costas, que son las requeridas para situaciones como explotaciones de acuicultura o concesiones que implican usos privativos y que requieren ser por un tiempo superior a cuatro años.

De este modo, el Govern tendrá como funciones las autorizaciones relacionadas con las tumbonas, las sombrillas, las cantinas, las zonas de fondeo, la celebración de conciertos o cursos en dominio público maritimoterrestre o la instalación de otros bienes muebles desmontables.

También se encargará de tramitar, imponer y recaudar sanciones por incumplimiento de la servidumbre de paso, de las autorizaciones de uso del dominio público maritimoterrestre o de incumplimientos de las condiciones de las concesiones. Por otro lado, la recaudación derivada de los impuestos y cánones de las concesiones continuará correspondiendo al Estado.

La planificación, la elaboración de proyectos y la ejecución de obras que no son de interés general también serán competencia de la Comunidad Autónoma, y en las actuaciones que sí que sean consideradas de interés general, como la regeneración de playas, el Govern participará haciendo una propuesta o presentando un informe.

Desde el punto de vista presupuestario, el traspaso implica hacer llegar a Balears 1.306.704,88 euros para la gestión de esta competencia. También se subrogan 18 trabajadores y trabajadoras, seis vehículos y la sede de la Demarcación de Costas, situada en Palma.